1. EMPLEO Y SERVICIOS PÚBLICOS

La política de los equipos de gobierno de los últimos años: falta de creación de ocupación y desarrollo del modelo de la precariedad
De acuerdo con los datos de la Diputación de Barcelona (Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación), Cornellà tiene, a enero de 2015, una tasa de desocupación del 16,1%, siendo en el conjunto de Cataluña del 14,8%, si bien los niveles de trabajadoras que quieren trabajar y no lo pueden hacer se tendría que situar entre el 20 y el 25%. Los mismos datos oficiales fijan 2302 personas por debajo del umbral la pobreza.

Evidentemente la desocupación se convierte en el principal problema de los cornellanenses. Para revertir esta situación nos proponemos situar en el centro de la economía las necesidades de todas las personas, siendo la creación de ocupación nuestra gran prioridad.

Los gobiernos municipales de las últimas décadas han desarrollado una hipócrita política laboral: criticar las contrarreformas laborales de PSOE-PSC, CiU y PP mientras las aplicaban contra los derechos de las trabajadoras. Únicamente tenemos que observar como en el otoño de 2013 despedían trabajadores de Procornellà SA aplicando la contrarreforma laboral.

Del mismo modo no hay ninguna política activa real de creación de ocupación, se opta por Planes de Ocupación que únicamente suponen precariedad. Fijar la centralidad en la formación en relación a la creación de ocupación es asumir las teorías más reaccionarias de las relaciones laborales que sitúan como causa de la desocupación la carencia de formación haciendo culpable a la víctima. Las cornellanenses no únicamente tenemos niveles de formación inimaginables para una ciudad de clase trabajadora sino que ostentamos una polivalencia funcional difícilmente encontrable en cualquier punto del país. La generación mejor formada de la historia no únicamente vivirá peor que sus antecesores sino que ella misma.

El equipo de gobierno manifiesta generar empleo cuando elimina lugares de trabajo
Lejos de ser un elemento de creación de lugares de trabajo, contratar por periodos de seis meses o un año para realizar actividades no necesarias (“Cornellà pel Civisme”, etc.) o sustitutivas de contrataciones de naturaleza estable tienen un efecto claro: rotar en la precariedad, transformar trabajos de calidad en precarios y no crear ni un único lugar de trabajo estable.

La otra práctica histórica del gobierno municipal ha sido no hacer absolutamente nada para evitar el centenar de empresas que han cerrado en las últimas décadas. Recalificar suelo industrial en inmobiliario es un llamamiento a la especulación. Del mismo modo no proteger los pulmones derivados del Llobregat para producción agrícola y al margen de la especulación urbanística. Así se han seguido prácticas que han permitido que en el conjunto de Catalunya 700 personas abandonen el campo cada año.

Queremos destacar que la instalación de grandes centros comerciales y macrocentros de distribución a medio y largo plazo no genera puestos de trabajo. El consumo que hace el conjunto de una sociedad es el mismo tengamos o no centros comerciales; por el contrario, la instalación de grandes superficies de distribución eliminan el pequeño y mediano comercio y de paso transforman trabajo estable en precariedad laboral, que es la expresión generalizada de los grandes centros comerciales.

Por último el gobierno municipal ha optado por entregar a las empresas privadas la gestión de gran parte de servicios públicos. Esto no únicamente supone transformar el servicio en negocio sino negar la posibilidad de que el Ayuntamiento se transforme en un agente de creación de ocupación.

LA CREACIÓN DE OCUPACIÓN, NUESTRA GRAN PRIORIDAD. LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS, GRAN PREOCUPACIÓN

Municipalización de servicios públicos
Hace falta una municipalización llena de los servicios que, en la actualidad, el Ayuntamiento ofrece en régimen de concesión. Con gestión directa dedicaremos el margen de beneficio empresarial y el ahorro del IVA a generar ocupación, reducir gastos y mejorar los servicios.

Hay que hacer una auditoría para observar el cumplimiento de las concesiones de los servicios externalizados. Haremos un análisis al por menor del Pliegue de condiciones administrativas; Pliegue de condiciones técnicas; Memoria de oferta ganadora; Informe técnico de valoración, Acta de la Mesa de contratación y Documento de firma de contrato. Así podemos optar para iniciar el proceso de municipalización por vencimiento del contrato, resolución de mutuo acuerdo, incoación de un expediente sancionador y resolución y rescate del servicio. En este último supuesto analizaremos la idoneidad en cuanto al momento en una combinación de interés social, lugares de trabajo que se crearían e inversión económica de la acción.

Mientras no se puedan municipalizar los servicios, los pliegues administrativos establecerán la plantilla obligatoria mínima por el desarrollo de un servicio, así como las horas de trabajo y retribuciones. Las actividades que por cualquier circunstancia todavía no se puedan municipalizar tendrán una retribución por sus trabajadores y trabajadoras como mínimo igual a la que correspondería con el desarrollo directo del servicio.

Los trabajadores de las empresas que gestionan los servicios públicos podrán optar a continuar la relación laboral con el ente que desarrolle la gestión pública a través de un reconocimiento de subrogación.

Apostamos por la economía social y solidaria: alternativa para los nuevos filones de ocupación
El área de economía del Ayuntamiento trabajará codo con codo con el movimiento cooperativista. Las cooperativas pueden ser el mejor medio para desarrollar algunas pequeñas pero importantes actividades que se desarrollan desde el Ayuntamiento, como por ejemplo la cultura, así como nuevos filones de ocupación: reciclaje, consumo sostenible y solidario, mantenimiento de edificios, energías alternativas, etc. Estas tienen que ser las únicas excepciones a la gestión directa de los servicios.

El campo y los huertos urbanos: nuevos filones de ocupación y de sostenibilidad
La totalidad de tierras que no son urbanizables se tienen que poner a disposición para la creación de cooperativas agrícolas así como para la creación de pequeños huertos urbanos. El Ayuntamiento tiene que trasladar la posesión o uso de tierras siempre que suponga creación de lugares de trabajo. A la vez tiene que facilitar asesoramiento técnico tanto para la creación de cooperativas como para el desarrollo de la actividad.

Así, se constituye como fórmula de creación de ocupación, generación de pulmones en la ciudad frente a la especulación urbanística y mecanismo para desarrollar mercados de proximidad, de pagès o km 0.

Democratización de la empresa
La construcción de un sistema plenamente compatible con los principios de justicia requiere, entre otros cosas, que las empresas que no sean cooperativas sean también espacios el máximo de democráticos, libres de cualquier forma de dominación.

Exigimos que la distribución salarial que procuran las relaciones laborales responda a criterios más igualitarios y no a aquellos que determina el simple juego de la oferta y la demanda de trabajo al margen de cualquier tipo de regulación. La elaboración de planes de igualdad entre hombres y mujeres, su seguimiento y sus efectivos y reales resultados se constituyen como una política transversal en todas las áreas municipales.

Asunción de un papel activo de defensa de los trabajadores y trabajadoras
El Ayuntamiento tiene que defender la permanencia de las actividades empresariales susceptibles de deslocalización o cierre estudiando y ofreciendo apoyo público en vías alternativas de continuación de la actividad del bien o servicio en nuestro municipio y que a la vez se cuente con la participación activa de las trabajadoras. No se recalificarán terrenos industriales como inmobiliarios y no se optará por el establecimiento de grandes empresas del comercio y la distribución.

Fin de la estructura empresarial del ente municipal
Hace falta el inmediato desmantelamiento de la estructura empresarial creada por el Ayuntamiento que provoca gastos importantes en las figuras como por ejemplo los gerentes, los directores generales, jefes de área con más poder y capacidad de decisión que los cargos políticos escogidos por todas desnaturalizando y haciendo opaco el funcionamiento del Ayuntamiento y Procornellà SA. Cualquier organización pública tiene que tener como máxima el servicio a las personas y no la búsqueda de beneficio. Esto no significará per se ningún despido sino su destino a otras funciones que respondan a las necesidades del momento.

Ayuda a los trabajadores y trabajadoras autónomos
Para que estos trabajadores puedan acceder a los recursos necesarios para continuar desarrollando su actividad, los Ayuntamientos tienen que hacer de puente con las entidades de crédito que fomenten una banca ética y el cooperativismo financiero. Hará falta que en las corporaciones locales establezcan un protocolo con estas trabajadoras para el logro de estos trámites.

Pensiones públicas
El Ayuntamiento y las empresas municipales no fomentarán sistemas de pensiones privados, que permiten la fuga de recursos económicos hacia bancos, cajas y aseguradoras privadas que no revierten en beneficio de todo el mundo. Desarrollaremos el fin de este tipo de sistemas y su reconversión en mejoras de las prestaciones para las personas afectadas dentro del sistema público de Seguridad Social.

Por un marco de relaciones laborales orientado a la estabilidad y la creación de ocupación: estabilidad laboral, salarios dignos, negociación colectiva real
Con independencia de que la normativa laboral sea competencia exclusiva del Estado, no hay impedimento para que a través de la negociación colectiva de los contratados laborales y de los acuerdos con los funcionarios se puedan desarrollar políticas de estabilidad laboral, salarios dignos y negociación colectiva activa.

Del mismo modo se reducirá la jornada a 35 horas sin reducción retributiva (con independencia del que pueda establecer la legislación laboral) para la creación de lugares de trabajo y tan pronto como se hayan recuperado la mayoría de lugares de trabajo.

Defenderemos la no aplicación por parte del Ayuntamiento, y de las empresas que se contraten, de las contrarreformas laborales sucesivas que han acontecido una minoración de derechos de la clase trabajadora.

Se fomentarán convenios colectivos propios siempre que se mejore los convenios del sector. Se reconocerá el derecho de opción por los trabajadores y trabajadoras ante el despido improcedente.

Defensa de las personas trabajadoras del sector público, al servicio de todas
Priorizamos la gestión pública de los servicios, se interprete como se interprete la LRSAL. Nos oponemos a la demagogia que relaciona gestión privada con efectividad. Una justificación que se ha demostrado como errónea en varios municipios.

Defendemos la gran tarea que nuestros profesionales públicos realizan con la limitación de recursos materiales y humanos que actualmente tienen las administraciones públicas.

Priorizaremos en las políticas activas de ocupación aquellos sectores y actividades que se orienten a una posible estabilidad de la actividad, huyendo de actuaciones sin ninguna otra motivación que el mantenimiento de la precariedad, como pueden ser los agentes cívicos y otras actuaciones repetitivas. Nos orientamos a potenciar actividades en los sectores que pueden promover puestos de trabajo con potencialidad creadora de actividad económica, como el reciclaje, la agricultura de proximidad o los servicios a las personas.

Entendemos la formación para la ocupación de las personas como una oportunidad de mejora de las competencias profesionales de las personas, pero teniendo en cuenta los niveles de formación de las cornellanenses no consideramos que este sea el motivo de estar en situación de paro. Orientamos la formación ocupacional como elemento a la vez incentivador y complementario de las políticas de fomento de la ocupación.

Potenciaremos la actividad de asesoramiento para la creación de puestos de trabajo a pequeñas empresas, a autónomos o a la economía social con los medios de que dispone el Ayuntamiento, evitando subcontrataciones y externalizaciones excesivamente costosas y sin valor añadido.